Las sedes judiciales, colapsadas

Archivos tirados por los suelos, carros de la compra para transportar las causas, sedes sin planes de evacuación o falta de personal son los problemas más serios.

La falta de inversión, la crisis económica y las innumerables causas penales, laborales y concursos de acreedores que esta última ha generado han colapsado definitivamente las sedes judiciales. Todos los operadores jurídicos, desde los jueces a los fiscales, pasando por funcionarios de la Administración de Justicia y abogados llevan años alertando de la situación.

Las promesas de cambios normativos para agilizar la Justicia realizadas por Rafael Catalá el pasado viernes 27 de febrero tampoco han calmado las aguas y todos los actores que conviven con la saturación judicial piden cambios contundentes para solventar una situación que cada vez es más preocupante.

El reflejo más común de este colapso en las sedes españolas es la falta de espacio para archivar correctamente las causas. Pero también existen otros problemas como goteras en zonas de archivo -en los juzgados de instrucción de Santiago de Compostela se degradaron gran parte de las pruebas por una filtración de agua-, las deficiencias estructurales en los edificios donde se ubican las sedes, la falta de programas de prevención de riesgo laboral o de planes de evacuación, o las insuperables incompatibilidades informáticas entre comunidades autónomas, lo que, en definitiva, provoca un incremento aún mayor de los expedientes en formato papel.

«Nos encontramos en una situación límite. La justicia española parece que se quedó anclada en los primeros años del siglo XX y no ha evolucionado desde entonces. La situación que viven las sedes judiciales de Madrid, por ejemplo, es inaceptable. Los juzgados de Plaza de Castilla deberían ser una referencia y sin embargo la imagen es muy diferente. Como ejemplo, sólo hay que saber que allí se transportan los archivos en sillas de despacho o en carros de la compra», explica Juanjo Carral, responsable de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en la Comunidad de Madrid.

Esa imagen de saturación y falta de medios se repite de manera generalizada en los juzgados de lo social, en los de instrucción -en el nº15 de Madrid entran cada año 2.000 causas, cuando antes eran 1.000-, los de violencia y en los de mercantil, donde la situación «es totalmente exagerada», dice Carral. En esta última jurisdicción, las sedes más afectadas son las de Madrid y, sobre todo, las de Sevilla, «donde el nivel de trabajo ha alcanzado el 600% de su capacidad, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», apunta José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y miembro de la Brigada Tuitera, asociación que está dando a conocer el colapso de la Justicia a través de las redes sociales.

«Los jueces están pidiendo ayuda de manera urgente porque se encuentran ante la imposibilidad real de realizar su trabajo. Con los datos del CGPJen la mano, vemos que la gran mayoría de los juzgados españoles trabajan al 150% de su capacidad, a pesar de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegure que no existe tal colapso», añade Muelas.

Los ejemplos de las sedes sobrecargadas son múltiples y en muchas ocasiones se han hecho públicos por los propios jueces. La magistrada de primera instancia e instrucción nº3 de Utrera (Sevilla), por ejemplo, ha denunciado el «completo colapso» que sufre ese órgano judicial al no contar con una «plantilla absolutamente precaria e insuficiente que no logra dar abasto para tramitar la desbordante cantidad de asuntos».

Saturación

En Valencia, el Colegio de Titulados Mercantiles de esa región también ha alertado de la saturación que sufren los juzgados de lo mercantil de la provincia y aseguran que las tres sedes que se ocupan de estas causas cuentan con una productividad del 300%.

El responsable de Justicia de la CSIF insiste en que «la carencia de medios materiales y personales es insoportable. Trabajamos en condiciones casi tercermundistas y la Administración de Justicia sólo sigue funcionando porque todos los operadores estamos arrimando el hombro. Se ha hablado mucho de la desaparición del sumario sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, pero hay que indicar que no se pierden más expedientes por la buena labor de todos los trabajadores de la administración».

Otra muestra del colapso que sufren los tribunales españoles, explica el decano de Cartagena, son las fechas en las que se están señalando los juicios y la tardanza en dar resoluciones de los juzgados. «Los jueces se están viendo forzados a fijar fechas de juicio para 2018 o 2019, algo que, evidentemente, es totalmente inaceptable para los ciudadanos. En Cartagena, las medidas provisionales previas de un divorcio tardan en llegar de media 11 meses, cuando el margen de tiempo debería ser de un mes».

Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), cree el que «el hecho que se realicen señalamientos de juicios para dentro de cuatro años es la mejor muestra del bloqueo que sufre la Administración de Justicia. Lo que debería llevar tres meses termina convirtiéndose en tres años y eso es un reflejo evidente de que muchos juzgados reciben más causas de las que pueden acoger».

Para Bosch, la mejora de la Justicia y la dotación de medios suficientes es «la asignatura pendiente de la democracia». El portavoz de JpD está convencido de que el incremento de la ratio de jueces y una mayor dotación presupuestaria, para resolver los problemas de medios materiales y humanos, serviría para rebajar la saturación. Sin embargo, también afirma que el ministerio de Justicia no se está tomando el problema en serio.

Balones fuera

«Rafael Catalá se está dedicando a echar balones fuera cuando afirma existen muchos juzgados que no alcanzan el 100% de su capacidad de trabajo y las soluciones que ha propuesto para tratar de agilizar la Justicia a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no servirán para destaponar la situación que vivimos», concluye Catalá.

Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ahonda y discrepa con las palabras del titular de Justicia cuando afirmó en el Senado que sólo el 10% de los juzgados sufría sobrecarga. «Aunque Rafael Catalá tuviera razón, este tipo de afirmación es inaceptable. ¿Qué sucedería si usáramos ese mismo razonamiento con la Sanidad y el ministro del ramo dijese que no se iba a tratar al 10% de los enfermos o que se decidiera no recoger el 10% de las basuras que genera una ciudad?».

El portavoz de la UPF afirma que ahora es necesario realizar una reforma en condiciones y no una a coste cero «como se pretende hacer. Hay que realizar una inversión seria para reformar el conjunto de la Administración de Justicia y dotarla de medios suficientes para cumplir con este servicio público. Ninguno de los actores que formamos parte de este sector estamos pidiendo un aumento de sueldo, sólo solicitamos un poco de dignidad para poder realizar correctamente nuestro trabajo».

(Noticia extraída de EXPANSIÓN)